Constituyen la Plataforma de Empleados Públicos para luchar contra la ordenación laboral de la Junta de Andalucía.

Los funcionarios montan la Pepa

 - IGNACIO LILLO SUR


PRINCIPALES CRÍTICAS

Paso de funcionarios a laborales: Será voluntario, aunque se desconoce qué función tendrán los que se nieguen.

Fin de la administración actual: Se entrará por contrato y no por oposición como hasta ahora.

Privatización encubierta: Las funciones de gestión pública las asumirán entidades privadas.

Control político: Los funcionarios perderán su condición de garantes de la neutralidad.

Menor calidad: Advierten del peligro de que los ciudadanos se conviertan en «clientes»..El acrónimo de su nombre evoca a la Constitución que la resistencia, reunida en Cádiz, suscribió para luchar contra la ocupación napoleónica de España en 1812. La Pepa (Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía) nació el mes pasado y ya agrupa a unos dos mil trabajadores de varias consejerías en Málaga, abiertamente opuestos a la reforma de la Administración autonómica que la Junta ha pactado con los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT), y que, a su juicio, supondrá graves consecuencias sociales y económicas.

No se rinden, a pesar de las presiones que denuncian estar recibiendo por parte de sus mandos. Se organizan a través de foros de Internet y por correo electrónico. Se les puede ver casi en cada acto público donde participan políticos andaluces, armados con pitos y silbatos que ya les han valido a muchos de ellos multas de 300 euros de la policía por llevar a cabo «concentraciones no autorizadas». En manifestaciones multitudinarias bajo la lluvia en la capital malagueña y en Sevilla. Y todo ello, ¿para qué?

Ana Ruiz y Miguel Ángel Robles, dos de las portavoces del movimiento en Málaga, esgrimen razones de tipo laboral y ciudadano. Entre las primeras, la clave está en la «voluntariedad» de la integración en las futuras agencias. La propuesta de la Junta pasa por que los funcionarios pasen a estar en excedencia de su puesto anterior y se integren como laborales en los nuevos organismos administrativos.

Excedencia voluntaria

«Si realmente es voluntario pero las potestades y las competencias pasan a las agencias, ¿qué trabajo nos quedará?», se preguntan. Y, en el caso de subirse al carro, dan por hecho que perderán parte de sus actuales derechos laborales, al cambiar de convenio colectivo.

El escenario laboral que estos profesionales dibujan es radicalmente distinto del actual: «A partir del año que viene, una vez que se 'agencialice' todo el sector público andaluz, el personal que entrará en la Administración serán contratados por estas agencias, con lo que la función pública quedará herida de muerte».

Junto a ello, aseguran que se producirá una «privatización encubierta», por cuanto se transferirán las competencias de los organismos públicos a otros de tipo privado o mixto, que «efectuarán la mayor parte de la gestión pública».

Privatización

Para Ruiz y Robles, ello traerá consigo una «pérdida de la transparencia y una mayor dependencia de gestores-políticos»: «Los funcionarios públicos perderán su condición de garantes de la neutralidad de la Administración, sometidos a los gobernantes de turno», y añaden: «La inversión pública se lleva a cabo con los impuestos de todos y los empleados públicos son los obligados por ley en gestionar el buen uso de ese dinero». Por no mencionar la posibilidad de renovar toda la Administración cada vez que se produzca un cambio de color político del gobierno.

Los afectados recalcan que su lucha no va en contra de sus compañeros que ya ejercen su labor en empresas públicas, con los que dicen tener buenas relaciones. Hacen un llamamiento a la ciudadanía a superar el discurso del «funcionario que no hace nada», y ponen de relieve que el problema va mucho más allá del conflicto laboral que se genera, puesto que, a su juicio, la reforma afectará a todos los usuarios de la Administración autonómica.

«Esto supondrá una caída de la oferta pública de empleo, de la bolsa de interinos, etc.». Y al tiempo alertan del «peligro» de que los ciudadanos se conviertan en «clientes» de agencias que realizarán «una gestión empresarial y no una prestación de servicios».